De Paz Lozano
Abogados
 


Actualidad


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01/09/2020

GUIAS PROCESALES: Desahucio por Okupación ilegal

En los últimos meses y, en cierta medida con base en la crisis económico sanitaria que estamos atravesando, los medios de comunicación, así como los distintos partidos políticos de uno y otro lado, han vuelto a sacar a la palestra el tema de las Okupaciones ilegales de vivienda.

Es mundialmente conocido cómo se producen éstas y su motivación, pues no resulta más que un movimiento antisistema y, bajo mi punto de vista, anticapitalista, basado, según ellos, en el derecho constitucional a una vivienda digna contemplado en el artículo 47 de la Constitución Española, pero sin darse cuenta que, con esta actuación, se encuentran vulnerando otro derecho esencial proclamado en el artículo 33, también de la Constitución, y que consiste en el derecho a la Propiedad Privada.

Lejos de entrar a valorar cuál de los dos derechos tienen supremacía sobre el otro, el hecho cierto es que la okupación de viviendas se encuentra terminantemente prohiba por la legalidad vigente que la configura como un Delito de Usurpación, contemplado en el artículo 245 del Código Penal.

De forma que, el procedimiento para regular la recuperación por parte del legítimo propietario de dicha vivienda, se encuentra plenamente regulado.

Si bien la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé hasta 3 procedimientos de Desahucio diferentes contemplados en su artículo 250, siendo estos el desahucio arrendaticio (existe un alquiler, una ocupación de la vivienda por tanto consentida por el titular a cambio de un precio), y que puede deberse bien por falta de pago o bien, por finalización del contrato; un desahucio por precario, es decir, se está ocupando la vivienda con consentimiento del dueño pero, sin pagar nada cambio; y, por último el desahucio de Okupas, establecido en la LEC (articulo 250.1.7) como el medio para recuperar la posesión frente a quienes se opongan a ella sin disponer de título para hacerlo (contrato p.e) que les legitime.

Pero, ¿cómo funciona este procedimiento? La ley es clara a este respecto. Este procedimiento tan sólo puede ser iniciado por el titular de la vivienda usurpada, que ha de presentar Demanda en el Juzgado (con sus respectivos abogado y procurador) en la que se expondrá el hecho de la ocupación de la vivienda, intentando en todo caso identificar a los ocupantes de la misma, aportándo la correspondiente Certificación de Titularidad expedida por el Registro de la Propiedad correspondiente a la localización de la finca, pues este documento demostrará quién es el verdadero titular de la finca ocupada.

Tras la presentación de la Demanda junto con la documentación necesaria, y una vez admitida esta por el Juzgado, se emplazará a los ocupantes en plazo a fin de que abandonen la finca y hagan entrega de las llaves de la misma a su verdadero titular o, bien presenten contestación a la Demanda.

Es muy importante señalar que, en el caso de que los ocupantes quisieran contestar a la Demanda de desahucio, deberán prestar, esto es abonar, la caución que el Juez hubiera establecido con base al valor de la vivienda.

Así, en caso de contestación de la Demanda, se celebraría la correspondiente vista, en las que las partes deben demostrar cuál de las dos es la verdadera titular de la vivienda; de forma que, si los okupas no prueban que tengan un contrato o una escritura de la vivienda a su nombre, se dictará Sentencia acordándose el lanzamiento (el desahucio) de los mismos. Y lo mismo ocurriría en el caso de que no quisieran contestar la Demanda.

De este modo, con posterioridad a lo anterior, se fijaría fecha para el lanzamiento y la toma de posesión de la vivienda por su legitimo dueño con la ayuda del Juzgado, que levantará acta constando que se ha "lanzado" a los okupas y, por tanto, la vivienda está ahora en manos de su legítimo dueño.

Parece un procedimiento bastante sencillo, y el hecho cierto es que lo es pero presenta varios problemas. En primer lugar, el tiempo de tramitación que depende bastante del Juzgado al que sea turnado la Demanda y, en segundo lugar, que los okupas "ya se las saben todas" y, además se encuentran verdaderamente bien asesorados a este respecto, tomando las medidas que consideran pertinentes para frustrar los desahucios, realizando diversos métodos para que el lanzamiento no se pueda celebrar (dejando menores sólo en la vivienda o mascotas, pues en estos casos para poder celebrar el desahucio deben acudir servicios sociales y perrera municipal), etc.

No obstante lo anterior, el hecho cierto es que el único arma legal que tiene el propietario de la vivienda de recuperarla es ampararse en la Justicia.



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