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13/10/2020

La Pensión Compensatoria en el Divorcio

La pensión compensatoria, en virtud de lo establecido en el art. 97 del Código Civil, se constituye como una cuantía que uno de los cónyuges debe satisfacer al otro cuando por motivo de su divorcio se haya producido un desequilibrio entre ambos, esto es, un empeoramiento de la situación económica de uno de los cónyuges con respecto al otro.

Se instituye como una prestación singular que responde a un presupuesto básico consistente en la constatación de un efectivo desequilibrio económico producido con motivo de un divorcio siendo, su principal finalidad la de restablecer el equilibrio entre los cónyuges.

En palabras de la Audiencia Provincial de Toledo (SAP Toledo 44/2014, de 24 de enero, rec. 349/2013 y en relación con otras resoluciones en esta materia como la SAP Toledo de 6 de junio de 2000 o de 1 de marzo de 2001, entre otras) la pensión compensatoria no tiene un carácter indemnizatorio o alimenticio, sino “estrictamente compensatorio o reparador del desequilibrio patrimonial ocasionado por el divorcio en la posición económica de uno de los cónyuges respecto a la conservada por el otro”.

La STS 104/2014, de 20 de febrero, contempla que en la pensión compensatoria no hay que probar la existencia de necesidad, toda vez que, el cónyuge más desfavorecido puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse. Lo que sí ha de probarse es que ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba durante el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge. El desequilibrio que debe compensarse debe tener su origen en las pérdidas de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge desfavorecido por la ruptura.

Así, para la determinación de la pensión compensatoria, reiterada jurisprudencia y, en concreto la STS 864/2010, de 19 de enero, establece que “habrá de tener en consideración lo que haya ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge” así como, “el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios”.

En este mismo sentido se ha manifestado nuestra Audiencia Provincial al establecer que para la determinación de la pensión hay que atender al momento inmediatamente anterior al de la ruptura cuando se han de valorar las circunstancias y resolver su procede reconocer el derecho y en qué cuantía (SAP Toledo 219/2013, de 9 de octubre).

Siguiendo esta doctrina, procede la determinación de una pensión compensatoria en el caso, por ejemplo, en que uno de los cónyuges, a tiempo de la separación del matrimonio, y ya con anterioridad, venía siendo el que se quedaba en casa al cuidado de los hijos del matrimonio alimentándoles, vistiéndoles o llevándoles al colegio entre otras cosas, así como del cuidado del otro cónyuge que solo estaba encargado de sostener económicamente a la familia, desempeñando además las diversas tareas domésticas.

Ésta circunstancia de dedicación a la familiar es tenida en cuenta por amplia doctrina jurisprudencial a la hora de fijar la cuantía de la citada compensación pero, no es el único motivo aceptado a efectos de cuantificar la pensión sino que se valorar otras circunstancias como pueden ser la edad del cónyuge solicitante, la escasa calificación profesional o los ingresos que percibe el cónyuge beneficiado y las cargas a las que debe hacer frente (entre las que se incluyen las familiares y, lógicamente la contemplación de la edad de los hijos), la larga duración del matrimonio, entre otras; y todo ello en correlación con las cargas que cada uno de ellos debe soportar tras el divorcio, es decir la ausencia de obligaciones como la de alimentar a los hijos (SAP Toledo, sección 1º, de 16 de abril de 2008 y STS de 17 de diciembre de 2012).

Siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en su STS 864/2010 anteriormente citada, se debe tener en cuenta con el fin de fijar una pensión el régimen de bienes a que ha estado sujeto el matrimonio. Así, si ambos cónyuges contrajeron matrimonio bajo el régimen económico de gananciales, habida cuenta este constituye una comunidad de bienes que se rige por la regla de que ambos esposos ostentan conjuntamente la titularidad del patrimonio ganancial, imposibilitando de este modo la creación de un patrimonio privativo, de forma que, si con la separación uno de ellos ve reducido de forma considerable su nivel de vida, procederá la pensión compensatoria.

Pero no solo se aprecia la existencia de desequilibrio en el caso de que el cónyuge beneficiario de la pensión no haya trabajado durante el matrimonio sino que, en principio tal y como contempla la STS de 17 de julio de 2009 [RC 1369/04], la mera independencia económica de los esposos no elimina el derecho de uno de ellos a recibir pensión, pues a pesar de que cada uno de ellos tenga unos ingresos propios, puede haber desequilibrio cuando los ingresos de uno y otro sean absolutamente dispares.

Por tanto, en un sentido contrario, la independencia económica impedirá que nazca el derecho a pensión cuando se produzca una situación equilibrada, compatible con diferencias salariales, si no son notorias. Sin embargo, en nuestro caso, los ingresos percibidos por ambas partes son totalmente dispares tal y como establecimos con anterioridad.

No trata esta parte de equiparar económicamente los patrimonios de los cónyuges pues la pensión compensatoria no significa paridad o igualdad absoluta entre estos patrimonios sino que se permita a la parte “perjudicada” que continúe gozando de un nivel de vida similar al que tenía durante el matrimonio. De este modo la pensión ha de subsistir hasta tanto no se acredite un reequilibrio entre la situación económica de los ex cónyuges tal y como contempla la doctrina jurisprudencial de nuestro más alto Tribunal (STS 43/2005, de 10 de febrero).

Por último, añadir que dicha pensión, ex art. 97 in fine del Código Civil, ha de actualizarse anualmente conforme al IPC al igual que la pensión de alimentos que se establece a favor de los hijos.



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